Una demanda de inconstitucionalidad y una denuncia penal en contra de la autoridad del Registro Oficial impulsaría la Asamblea Nacional tras la publicación por decreto ley de la Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, de iniciativa presidencial, que fue negada y archivada el 27 de noviembre.
La asambleísta Viviana Veloz acusó a la Corte Constitucional de ser el «instrumento del Gobierno» al permitir la promulgación de una ley que fue archivada. El Universo
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