Alcanzar el control de los sistemas financiero y judicial en Ecuador habría sido el objetivo principal de la estructura que investiga la Fiscalía por supuestamente operar desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) junto con funcionarios de instituciones del Estado, como la Asamblea Nacional, relacionadas con el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC). El caso ha sido bautizado como Liga2.
Tres exconsejeros y una actual consejera de Participación Ciudadana son acusados de ser autores directos del delito de asociación ilícita en el caso Liga2. El Universo
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